Dole: La macabra historia en Latinoamérica de la Mayor productora de Fruta a nivel mundial

La bananera estadounidense Dole habría ordenado y financiado a paramilitares de ultradercha para que asesinaran a 57 sindicalistas y campesinos en Colombia por habitar zonas cultivables u oponerse al trato que les daba la gigante, según denunció a un diario colombiano un abogado estadounidense que demandó a la firma.
«Fueron 57 asesinatos, cuidadosamente seleccionados tras entrevistar a unas 2 mil víctimas de la violencia en la zona bananera», dijo Terry Collingsworth, apoderado de un grupo de familias afectadas por los paramilitares en el departamento Magdalena (norte). Según el jurista, las víctimas eran sindicalistas de la multinacional o eran contrarios a los tratos que la empresa les daba o simplemente eran campesinos que habitaban en las zonas donde la bananera quería sembrar.

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Los Antecedentes de Dole

Guatemala: En la práctica, Dole apoya la política anti sindicalista en las plantaciones. Los derechos de los trabajadores para organizarse en sindicatos y negociar colectivamente no son mencionados en su código de conducta. Los trabajadores deben firmar una declaración diciendo que han sido informados sobre el código. Al mismo tiempo, la compañía continúa disminuyendo los costos de producción, poniendo salarios y condiciones laborales bajo presión.

Nicaragua:  José Benito Vindel, de 52 años, originario del municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí, quien laboró de 1973 a 1979 en la finca bananera Candelaria, de Chinandega, denunció que fue visitado seis veces en su vivienda de la Villa 15 de Julio por el costarricense Luis Madrigal y el mexicano Francisco Valadez, agentes de la Dole Fruit Company. Vindel, quien sufre varias enfermedades a consecuencia de la aplicación de los venenos Nemagón y Fumazone, distribuidos según él por las empresas trasnacionales Shell y Dole Fruit Company en doce fincas bananeras que funcionaron durante la década de los 70 en el departamento de Chinandega, afirmó que respondió a los dos extranjeros que “no declararía contra los representantes de las Oficinas Legales para los Bananeros ni contra sus ex compañeros de trabajo afectados por los tóxicos, porque afectaría su lucha. Me dijeron que no me preocupara debido a que nadie se daría cuenta, porque protegerían mi identidad”, aseguró.

Costa Rica: Dole posee cerca de treinta plantaciones y se aprovisiona por medio de una treintena de plantaciones independientes. Las condiciones de trabajo en las bananeras son muy duras y esto se debe en gran parte a la política antisindical implantada por Dole y sus proveedores. Los salarios son insuficientes para cubrir las necesidades elementales, los horarios son extremadamente largos, el salario es pagado a destajo y las horas suplementarias en realidad nunca son pagadas. Según SITAGAH y UTRAL (sindicatos de trabajadores de plantaciones de las regiones de Sarapiqui y Valle de Estrella), siete convenios colectivos han sido firmados conDole en los años 80. Pero la multinacional se las arregló para suprimir los sindicatos en estas plantaciones, para deshacerse de los convenios e implantar un sistema en favor de los empleadores.

Ecuador: Como resultado de una investigación propia, Human Rights Watch descubrió que niños ecuatorianos de hasta ocho años de edad trabajan en las plantaciones bananeras en condiciones peligrosas mientras trabajadores adultos viven con el temor a ser despedidos si ejercen sus derechos sindicales. Ecuador es el principal exportador de banano del mundo y produce prácticamente una cuarta parte del banano que se consume en los hogares de Estados Unidos y Europa.

Colombia:  Como respuesta a las largas jornadas de trabajo con horas extras obligatorias en las temporadas altas, el ritmo agitado de las labores que causan enfermedades profesionales como el síndrome de túnel carpiano y lesiones en la columna, y el despido de trabajadores viejos y enfermos, un grupo de 27 empleados de Splendor creó el sindicato independiente Sintrasplendor en noviembre de 2004 para poder defender sus derechos laborales colectivamente. La reacción de la filial de Dole a la creación del sindicato no fue muy positiva. Según Alejandro Torres, asesor de Sintrasplendor, la empresa ha asignado horas extras para los días en los cuales el sindicato ha programado reuniones de sus afiliados; ha chantajeado a los trabajadores para que renuncien al sindicato y se unan a Sinaltraflor, un sindicato reconocido como patronalista; e incluso ha despedido a cinco activistas sindicales, aun cuando contaban con un fuero que los protegía.

 

 

 

 

 

Los hechos

«Las víctimas eran representantes sindicales de la multinacional o tenían problemas con la manera como la empresa los trataba o vivían en tierras en las que Dole quería plantar banano. Así que esta gente fue asesinada porque Dole quería que los mataran», añadió el abogado. Collingsworth dijo que Dole realizó pagos regulares a las AUC que sumaron unos $10 millones entre 1997 al 2007, y alegadamente hizo otros pagos menores a esas milicias incluso ya para 1994. Según la demanda, a cambio las AUC se encargaron de «mantener alejados a los sindicatos de las plantaciones de bananos de Dole, mediante el asesinato de líderes sindicales y el uso de tácticas de terror para desalentar el ingreso de trabajadores a los sindicatos».

Un testigo clave de los demandantes es un comandante encarcelado de las AUC llamado José Gregorio Mangones, quien se desmovilizó como parte de un acuerdo con el gobierno colombiano y quien ha admitido su responsabilidad en más de la mitad de los asesinatos citados en la demanda, indicó Collingsworth. Mangones figura entre al menos otros cuatro ex comandantes de las AUC quienes han dicho que todas las empresas bananeras foráneas que operaron en Colombia, incluyendo Dole y Chiquita, hicieron pagos. También han confesado haber ordenado varios miles de asesinatos, principalmente en la región de la costa caribeña colombiana y dirigidos específicamente a sindicalistas y supuestos simpatizantes de las guerrillas.

 

 

 

 

 

 

El procedimiento

Mangones, alias «Carlos Tijeras», dijo que su unidad paramilitar recibió anualmente 70.000 pesos (unos 30 dólares) por hectárea de la empresa, que tenía al menos unas 3.400 hectáreas de bananas sembradas en los departamentos de Magdalena y La Guajira, en el norte de Colombia. «Tijeras nunca nos dio un monto total de dólares, pero aseguró que en un año cualquiera Dole representaba el 40% del presupuesto operativo» de su bloque paramilitar, aseguró Collingsworth.

Indicó que los demandantes probarían que los gerentes de la importadora de banano en la región no eran «inocentes transeúntes pagando extorsiones», sino socios activos en una sangrienta conspiración para reducir los costos. «Los administradores de Dole sabían de eso cuando daban un nombre a las AUC por problemas de seguridad o preocupación, lo que significaba que las AUC ejecutarían a esas personas sin investigar o ninguna otra averiguación», según la demanda.

Tijeras y varios de sus subcomandantes le dijeron a investigadores de los demandantes que ‘‘cuando Dole quería que algo se hiciera, el gerente de la plantación llamaba directamente a uno de los subcomandantes y le daba un nombre o una descripción y las AUC iba y se hacía cargo», dijo Collingsworth.

Collingsworth sostuvo que Dole sigue apoyando a paramilitares que retomaron las armas tras el desarme de las AUC, y anunció que en el proceso judicial aportará testimonios de ex jefes de ultraderecha donde reconocen que la Dole les pagó para debilitar al movimiento sindical y protegerla de las guerrillas.

La reacción

La corporación Dole Food Company calificó “falsas e infundadas” acusaciones que la implican en 57 asesinatos de sindicalistas y campesinos cometidos en Colombia por paramilitares de ultraderecha a los que estaría financiando. “Son acusaciones recicladas tan falsas hoy como cuando las presentaron por primera vez en 2007, y la mayoría son producto de fuentes lo menos fiables que se pueda imaginar”, según un comunicado de la multinacional bananera.