En la zona del Caquetá, Colombia, la coca crece de nuevo. Se vive una guerra muy intensa entre el grupo paramilitar de alias ‘Cuchillo’ y Copa, el grupo del ex capo Varela. También se ha redoblado la presencia de las Farc. Todo esto crea una vorágine de violencia, corrupción y criminalidad que ofrece macabros resultados, como el asesinato del Gobernador Cuellar. Pero conozcamos un poco más de su historia y de los posibles motivos para tan extraño asesinato:
El 14 de Noviembre del 2008, la fiscalía general de la nación colombiana abrió una investigación preliminar en su contra y la alcaldesa de Florencia, Patricia Farfàn, por sus presuntos vinculos con grupos paramilitares. Esta decisión se tomó tras el testimonio de Luis Alberto Medina, alias “Cristomalo”, un desmovilizado del Bloque Caquetá, quien asegura que tanto Cuellar como Farfán, fueron aliados de los paramilitares. El gobernador de Caquetá Luis Cuellar y la alcaldesa de Florencia Patricia Farfan, fueron vinculados a una investigación preliminar, siete meses después que este ex miembro de las autodefensas los vinculara con la organización a la cual perteneció. Según, alias “Cristomalo”, en 1997 el actual gobernador le habría pedido a Carlos Castaño que creara un grupo de autodefensas en el Caquetá para hacer frente a la guerrilla. Al parecer, también habría suministrado apoyo económico al frente de las autodefensas que hasta 2003 delinquió en el departamento Caquetá.
En Julio del 2009, volvió a ser imputado por la justicia. Esta vez, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia sancionó con una multa de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes al gobernador Luis Francisco Cuéllar Carvajal, por desacatar una orden de acción popular proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá.
Paradójicamente, el Gobernador asesinado representaba una amenaza para otros sectores paramilitares, en la lucha por la posesión del territorio colombiano. El Caquetá es un departamento selvático y muy extenso en el que, antes de su cargo de gobernador, Cuéllar había sido alcalde del municipio de Morelia y diputado departamental. Dos pesos pesados de la política caqueteña involucrados con los paramilitares del Bloque Central Bolívar que llegaron a esa región desde 2001 (el ex representante a la Cámara Luis Fernando Almario y el ex gobernador Juan Carlos Claros, el ex alcalde de Florencia Arnoldo Barrera y al senador Oscar Reyes) pactaron entregarles parte del presupuesto público de gobernaciones y alcaldías a los paramilitares a cambio de contar con la financiación de las autodefensas para las elecciones del 2004. 20 millones de pesos de aporte de las Autodefensas y un fuerte proceso de intimidación a la población no fueron suficientes. Según un ex jefe paramilitar que está colaborando con la justicia, dijo que la presión se hizo más fuerte en el municipio de Morelia, también en veredas como La Liberia, Fuente Hermosa, Puerto México, y la Rochela en el corregimiento de Bolivia donde Luis Francisco Cuellar, candidato opositor de Claros para las elecciones, tenía gran acogida.
De tal manera que el gobernador Cuellar , con su victoria supuso un duro revés a sectores no-desmovilizados de paramilitares. Incluso, fué Juan Carlos Claros, recientemente otro desmovilizado del Bloque Héroes de los Andaquíes el que confesó en versión libre el 12 de junio de 2009 que alias ‘Quini’ y ‘Tiberio’ dejaron 300 uniformes camuflados en una finca del actual gobernador de Caquetá Luis Francisco Cuellar en octubre de 2005. La idea del crimen, que fue presuntamente ordenado por Juan Carlos Claros, era enlodar el nombre de Cuellar para que la opinión pública lo relacionara con grupos de autodefensa.
A comienzos de noviembre, el gobernador Cuéllar rindió versión libre ante la Fiscalía 11 de Bogotá sobre sus presuntos vínculos con las AUC. Él solicitó personalmente ser escuchado después de que el ex jefe paramilitar Luis Alberto Medina Salazar, alias ‘Cristo Malo’ lo acusara de haber financiado la expansión de los paramilitares en el sur del departamento. El gobernador dijo que se trataba de una persecución política y negó todos los cargos. Pero la investigación seguía abierta.
Pero lo más significativo y reciente son las acusaciones de la Contraloría pública colombiana que pesan sobre el gobernador asesinado: el contralor del Caquetá, Luis Alfredo Carballo Gutiérrez, informó que la gobernación del Caqueta en el año 2008 tuvo un superavit de 6.000 millones de pesos. Se esfumaron como por arte de magia. 134 hallazgos de ilícitos fiscales en las administraciones de Juan Carlos Claros Pinzón y Luis Francisco Cuellar Carvajal fueron la causa para que los mandatarios fueran obligados a responder ante la Asamblea colombiana administrativa, penal, fiscal y disciplinariamente.
En conclusión, un asesinato que responde a una problemática de paramilitarismo, droga y corrupción. Todo apunta a una avanzada militar de las FARC, y aunque los secuestradores portaban uniformes del ejército colombiano ( extraña muestra de la derrota de la guerrilla en Colombia. Si están acorralados, con bajas importantes (en el caso de las Farc) y desmovilizados (en el caso de las AUC) resulta difícil de explicar cómo tienen acceso a uniformes oficiales y armamento de guerra del ejército colombiano. Claro, esto si no fueron realmente unidades del ejército), según el portal lasillavacía.com ” el Gobernador le ‘servía’ más al grupo guerrillero vivo (FARC), como un trofeo de guerra y como un secuestrado más para engrosar el grupo de los oficiales que llevan más de diez años secuestrados. El seguimiento por parte de las Fuerzas Militares mientras la guerrilla escapaba por la zona rural de Florencia, habría propiciado la quema del vehículo y el posterior asesinato de Cuéllar. Ante un eventual rescate, las Farc no habrían dudado en ejecutar a su víctima”….“Independientemente de las motivaciones para asesinar a Cuéllar, este hecho probaría que si las Farc cometieron el asesinato, estarían lejos de estar totalmente derrotadas en el Caquetá, uno de los epicentros de la ambiciosa operación militar Plan Patriotas. Haber entrado en el corazón de la ciudad y sacar a un gobernador de su casa rememora hechos de otra época, como el asalto al edificio Miraflores en 2001 en Neiva”.
Es claro que el seguimiento militar al grupo secuestrador fué lo que sentenció la muerte del Gobernador. Así lo advertía el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al subrayar el “peligro” de la operación y afirmar que la decisión de Uribe “deja sin garantías de seguridad las gestiones para la anunciada puesta en libertad de dos rehenes de esa guerrilla”.“El CICR considera que, por el momento, no hay garantías de seguridad”, dijo a Efe en Bogotá el portavoz de la delegación en el país de ese organismo humanitario, Pascal Jequier. El resultado: Otra vez un golpe fortuito y un hecho atribuído a las FARC que entorpecen el canje humanitario, provocan más intervención militar y conducen día a día al pueblo colombiano en el camino de la guerra. La paz tiene 50 años sin visitar Colombia.